Recientemente se ha dado a conocer un estudio publicado por el
boletín del Banco Central Europeo que ha validado empíricamente lo que
era una sospecha: cuanto más encargos realice el emisor de la deuda a la
agencia, mejor será el “rating” que obtenga (enlace).
El estudio, para llegar a esa conclusión (que para muchos podía ser
obvia) ha requerido el manejo de miles de calificaciones emitidas
durante un extenso periodo de tiempo.
Sin embargo, lo que resulta sorprendente es que las agencias nunca
publican la metodología que emplean para realizar sus calificaciones,
con lo que se impide algo que es esencial en la ciencia: la posibilidad
de revisión o contratastación por un tercero de los resultados.
A pesar de ello, esas calificaciones han gozado y siguen gozando de
un estatus oficializado al exigirse por las regulaciones bancarias y por
los bancos centrales para los productos financieros la obtención de una
o varias calificaciones de carácter positivo por parte de estas
entidades.
Elevando humildemente esta circunstancia a un plano distinto y más
general, planteo la siguiente paradoja: si la modernidad se ha
caracterizado por la generalización del uso de la metodolgía científica,
y gracias a ello se ha han obtenido avances importantes en el
conocimiento, la presencia determinante en el mundo financiero de
metodologías no sometidas al escrutinio científico, sino al criterio de
autoridad, plantea el problema de la persistencia de los modos del
pensamiento premoderno en un ámbito dominado de forma paradigmática por
una teoría económica basada en el “racional” homo oeconomicus.
No soy economista y tampoco quiero poner en cuestión los
planteamientos de posturas postmodernas. Sin embargo, a pesar de sus
limitaciones, la metodología científica fundada en la posibilidad de
contrastación de los resultados (y no en la opacidad de cómo se ha
llegado a los mismos) es una seria y trabajosa labor que difícilmente
puede desvalorizarse. Por ello, resulta sorprendente que instituciones
que se comportan como adivinos tengan hoy un estatus reconocido
oficialmente por las instituciones que “gobiernan” nuestra economía.
